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1.
J.M. Argimon
Divisió d’ Avaluació de Serveis
Sanitaris. Servei Cátala de la Salut. Departament de Sanitat de la
Generalitat de Catalunya.
La
lectura del magnífico trabajo de Salvador Peiró es posible que haya
suscitado a muchos lectores la duda de si el fraude en la investigación
biomédica es una práctica generalizada. Muchos pensarán que el fraude no
está presente en la mayoría de los trabajos científicos, mientras que
otros creerán que “no es oro todo lo que reluce”, y que lo difícil es
encontrar un resultado en el que confiar.
La
frecuencia del fraude en la investigación es desconocida, en parte por
la gran variedad de actividades que han sido etiquetadas como conducta
inapropiada. El fraude científico ha sido definido, en su forma más
punible, como la intención de engañar a la comunidad científica en lo
que respecta a los resultados científicos, ya sean estos empíricos o
teóricos. Esta definición incluye acciones tan condenables como la
fabricación y la falsificación de datos, el plagio o la apropiación
indebida de ideas. Sin embargo, el concepto de fraude va más allá,
incluyendo un rango más amplio de comportamientos, desde errores por
descuido, como simple negligencia en la supervisión de una
investigación, hasta no publicar todos los resultados relevantes, o
publicarlos por duplicado, por ejemplo.
De
todos modos, la frecuencia con que se produce este fenómeno no es lo más
importante. Aunque suceda en muy pocos casos, su impacto potencial es
incalculable. El fraude amenaza la confianza pública en la ciencia y
puede generar cambios en las recomendaciones y tratamientos médicos y en
las políticas de salud de los gobiernos, con irreparables consecuencias
sociales.
Una
segunda cuestión para el debate es si el sistema de revisión por pares (peer-review)
cumple la función salvaguardar la calidad (y, por tanto, la veracidad)
de los hallazgos que se publican en las revistas científicas.
La
mayoría de las revistas están de acuerdo en perseguir este tipo de
prácticas fraudulentas, ya que malgastan el tiempo de los consejos
editoriales, revisores y lectores, ocupan un espacio precioso y, lo más
grave, pueden sobreestimar la importancia de determinados resultados. En
la actualidad se considera clave para garantizar la calidad de una
revista que los trabajos que se reciben sean sometidos a un proceso de
evaluación por expertos que no formen parte del consejo editorial. Los
objetivos principales del proceso de revisión por expertos son evitar la
publicación de un trabajo de mala calidad científica, no original o que
no contenga información relevante para los lectores de la revista, así
como mejorar la redacción y presentación de los datos del artículo. El
proceso de revisión científica se basa en la confianza y en la
responsabilidad. Los revisores son responsables de evaluar el contenido
científico del trabajo, sus méritos o defectos intrínsecos de forma
imparcial, desde una postura de máxima neutralidad y de acuerdo con los
estándares de calidad.
Este sistema parece haber sido ideado para un mundo idílico sin
intereses económicos. Sin embargo, como muy bien documenta Salvador
Peiró, éste no es el escenario real de la investigación biomédica. Los
revisores (y también los editores) pueden tener un sesgo en contra o a
favor del mensaje del artículo, o incluso un conflicto de intereses.
Además, el revisor puede no tener la competencia técnica o los
conocimientos suficientes para valorar la calidad del diseño de un
estudio y/o la relevancia de la información que se presenta.
Es
posible que el sistema de revisión por pares pueda detectar y frenar
algunas conductas inapropiadas, pero difícilmente será útil cuando el
investigador trata de fabricar y falsificar datos con un claro intento
de engaño; quien intenta engañar con premeditación, intentará también
encubrir los hechos. Por otro lado, es difícil pensar que las
publicaciones puedan tener equipos especializados que dediquen meses a
la revisión del trabajo de laboratorio o de las bases de datos de cada
estudio que reciben.
Ante este panorama, la pregunta clave es la siguiente: ¿qué mecanismos
están al alcance de la comunidad científica para evitar el fraude en la
investigación biomédica? Animo a los lectores a dar su opinión.
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2.
Joan Heras
Almirall. Director Médico y
Asuntos Regulatorios, España
Podría decirse que la medicina entró en
una nueva era gracias a los ensayos clínicos (EC). Éstos han venido
desempeñando un papel crucial en el avance del conocimiento médico en
orden a la curación y prevención de enfermedades.
Para las compañías farmacéuticas, los EC
han constituido la herramienta fundamental a partir de la que se ha
fundamentado el desarrollo de nuevos medicamentos. En este contexto,
muchas son las moléculas que se quedan en el camino. De cada 10 nuevas
sustancias químicas que entran en experimentación humana, tan sólo se
comercializará una, y ello no será hasta unos 10 años después de la
primera administración en humanos, tras un ingente número de EC con
diseños cada vez más complejos, que pretenden caracterizar de forma
escrupulosa el comportamiento de la molécula en el organismo, su
actividad farmacológica, además de contrastar y confirmar su eficacia y
seguridad para las indicaciones pretendidas y en la población diana. Los
costes de esta inversión son muy importantes y, según las últimas
estimaciones, se sitúan en los 700 millones de euros por cada nueva
entidad química que se comercializa. Todo ello hace que, en el creciente
entorno global, la innovación en la Industria Farmacéutica haya
adquirido un papel multidimensional y se haya convertido en un motor
esencial del progreso de nuestra sociedad, no sólo a partir de las
patentes que suponen nuevas soluciones en salud, sino también a partir
del conocimiento, el empleo, el impacto económico… y, en definitiva, del
bienestar social que todo ello genera en la población.
Es en este contexto amplio en el que
quisiera situar el trabajo del Dr. Salvador Peiró. El conocimiento de
los resultados de salud derivados de los programas de investigación de
la Industria Farmacéutica y de la investigación biomédica en general nos
atañe a todos los que creemos en la sociedad del bienestar. Son muchas
las publicaciones que genera la investigación biomédica y por ello se
hace necesario mantener la confianza y credibilidad en el resultado de
las investigaciones, no únicamente a partir de la calidad ética y
metodológica -para su evaluación ya están los comités éticos, las
autoridades sanitarias, las agencias de evaluación tecnológica o los
propios comités editoriales de la revistas-, sino también para evitar
otros posibles sesgos introducidos en general por conflicto de
intereses, por quienes son promotores o participan en el proceso de
financiación, autoría o publicación de las mismas.
Primero fueron los editores de las
revistas médicas de mayor impacto quienes, en 2004, expusieron su
posición de no publicar EC que no hubieran estado disponibles en un
registro público. Posteriormente varios reguladores, entre ellos el
español, por el Real Decreto 223/04, obligó a los promotores a publicar
el resultado de todos los EC, incluyendo la fuente de financiación. Este
mandato resulta casi imposible de cumplir ya que, al menos en el
contexto del desarrollo de nuevos medicamentos, los propios editores de
las revistas no se interesan por todos los trabajos de investigación,
sino por aquellos que les parecen más relevantes. Una de las posibles
soluciones reglamentarias sería la de que el regulador considerara
válido el utilizar alguna de las bases de datos de acceso público y
abierto que ya existen, y no sólo las revistas científicas. No obstante,
la actual Ley de Garantías y uso racional de los medicamentos, todavía
no publicada en el BOE en el momento de editar este escrito, insiste en
el tema e introduce como novedad la posibilidad de que sea la propia
administración sanitaria la que pueda publicar los resultados de los EC,
en interés de pacientes y profesionales sanitarios, si el promotor no lo
ha efectuado previamente en plazo.
Las compañías farmacéuticas somos
conscientes de que la publicación de los resultados de las
investigaciones no es únicamente un elemento de divulgación y soporte a
la promoción de los nuevos medicamentos; es sobre todo un acto de
responsabilidad social, compartida con el resto de agentes
-investigadores, instituciones, médicos, pacientes, reguladores, etc. Es
por ello que de manera proactiva y en aras a disipar cualquier duda
sobre la transparencia, en el 2005 la Federación Internacional de la
Industria Farmacéutica (IFPMA) y sus entidades asociadas, entre las que
se encuentra la patronal farmacéutica europea (EFPIA), pusieron en
marcha dos iniciativas:
Registro de Ensayos Clínicos con
información sobre EC actuales no exploratorios. Los datos se incluirán
al inicio del reclutamiento de pacientes en el ensayo clínico.
Resultados de Ensayos Clínicos: el
resumen de los resultados de los ensayos no exploratorios realizados con
los productos aprobados para la comercialización en al menos un país y
con independencia del resultado obtenido, fuera positivo o negativo.
En el portal (http://clinicaltrials-dev.ifpma.org)
se puede acceder a información sobre más de 30.000 registros y a un
resumen de los resultados de más de 5.000 EC. En algunas compañías, como
es el caso de Almirall, utilizamos también la página web corporativa con
el mismo propósito (http://www.almirall.es/almirall/cda/nav/03/030501.jsp).
Recientemente, la OMS ha establecido una
plataforma internacional para el registro público de EC (http://www.who.int/ictrp/data_set/en/index.html).
Una iniciativa para unificar las múltiples bases de datos, supervisada
por un organismo internacional neutral y que cuenta con el apoyo y
participación de todas las partes relevantes.
En definitiva, hay que establecer las
pautas que permitan que la investigación científica sea vista por la
sociedad como algo absolutamente necesario y beneficioso. No deben
generarse dudas sobre esta cuestión. Por consiguiente, el objetivo de
todos los actores implicados debe consistir en mejorar la confianza
pública en el resultado de las investigaciones y, para ello, el
compromiso por la transparencia es un buen comienzo. Es un acto de
responsabilidad social, compartida por todos. En eso estamos.
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