Carmen Tomás-Valiente Lanuza

Profesora Titular de Derecho Penal. Facultad de Derecho. Universidad de Valencia

El debate planteado en los últimos años en la sociedad española en torno a la administración de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) a las adolescentes, como medida de prevención del cáncer de cérvix -entre otras enfermedades-, constituye un inmejorable ejemplo, plenamente actual, del apasionante dilema que la profesora García Ruiz nos plantea en el trabajo que hoy presentamos. Y es que en torno a la inclusión de esta vacuna en los calendarios oficiales de vacunación de las distintas Comunidades Autónomas que conforman el Estado español se han suscitado, en efecto, muchos de los interrogantes que planean sobre la inmunización infantil (o en todo caso de menores de edad) y sobre el papel que los poderes públicos deben desempeñar en su administración. Con sólo asomarse unos minutos a algunas de las innumerables páginas web que tratan de este problema, el lector podrá constatar por sí mismo la existencia de posturas totalmente encontradas sobre esta novedosa vacuna. Desde las posturas escépticas se pone en duda la solidez científica de sus supuestos beneficios, se alerta sobre posibles riesgos de efectos nocivos para la salud que no han sido suficientemente descartados, se cuestiona la proporcionalidad del gasto sanitario implicado en relación con la incidencia real del cáncer de cérvix en la población, y se llama la atención sobre la presión ejercida desde la gran industria farmacéutica para lograr su comercialización y los consiguientes pingües beneficios económicos; desde la posición contraria, en cambio, se asegura que la efectividad de la vacuna es muy alta en relación a la prevención de determinadas enfermedades y que no supone ningún riesgo para la salud de quienes la reciben. El debate está servido, y este ejemplo de la vacuna contra el VPH constituye -de ahí que lo hayamos seleccionado como introducción al artículo objeto de estas líneas- una simple muestra de las muchas cuestiones a las que afecta.

De la mano de la profesora García Ruiz (experta entre otros temas en el conflicto que se plantea entre los dictados de la conciencia individual y los deberes impuestos por el Estado) en este trabajo podrá encontrar el lector respuesta a, cuando menos, algunas de tales cuestiones -siempre desde una perspectiva genérica no limitada al debate generado por ninguna vacuna en particular. La más fundamental se refiere al papel que el Estado (los poderes públicos en su conjunto) deben adoptar en torno a la inmunización, y al modelo de intervención que se considere más conveniente. ¿Debe limitarse el Estado a ofrecer y financiar a sus ciudadanos la posibilidad de vacunar a sus hijos -como una prestación sanitaria más-, recomendándola como aconsejable para la salud de aquéllos pero respetando la voluntad de los padres "escépticos" que no deseen administrarla? ¿O sería más conveniente el modelo de la obligatoriedad? De optarse por este segundo modelo, ¿cabría alguna excepción -en atención, por ejemplo, a cuál sea la motivación de los padres para negarse a la vacunación-, o debería imponerse el deber de vacunar en todo caso y sin excepciones? Y si un Estado se decanta por el sistema de la obligatoriedad, ¿qué responsabilidad le correspondería -extremo éste considerado decisivo por la autora- si finalmente la vacuna resulta tener un efecto nocivo sobre la salud del menor?

El trabajo da cuenta -con una encomiable claridad expositiva- de ambos modelos posibles, y ofrece asimismo una completa información sobre los procedimientos y organismos de control previos y posteriores a la aprobación de una vacuna y su inclusión en el calendario oficial de vacunaciones; organismos, tanto de carácter nacional como internacional, encargados de constatar, por una parte, que el balance entre beneficios y posibles efectos adversos de una vacuna arroja un resultado claramente favorable a los primeros, presupuesto imprescindible para su aprobación; pero sin olvidar por otro lado que, aun partiéndose de este presupuesto, los poderes públicos deben realizar un seguimiento exhaustivo de los eventuales efectos nocivos que puedan presentarse para, en su caso, retirar la vacuna si los riesgos resultan demasiado elevados.

En cualquier caso, el dilema ético de fondo que este tema suscita se presenta como de primera magnitud, pues nos encontramos ante una cuestión de verdadera "ética pública" en cuanto implica una determinada opción del Estado (más o menos intervencionista) respecto de la protección de la salud de ciudadanos incapaces de decidir por sí mismos. Sirva este estupendo trabajo de la Prof. García Ruiz para introducirnos en el problema y hacernos reflexionar sobre sus posibles (y no exentas de dificultades) alternativas de solución.