Dr. Francisco Ferrer Ruscalleda

Jefe del Servicio de Medicina Interna y Presidente de la Comisión de Ética Asistencial. Hospital de la Cruz Roja Dos de Mayo. Barcelona

Difícilmente cabe aceptar "que la mejor defensa es un buen ataque" cuando estamos hablando del ejercicio de la medicina. No sólo del correcto ejercicio de la profesión, la llamada normopraxis, o de las actuaciones médicas que se ajustan escrupulosamente a las calificaciones jurídicas de lex artis o standard of care, sino del buen hacer de todos los actos médicos que se fundamenta, entre otros, en el principio de beneficiencia para el enfermo. Y es obvio que este valor, histórico y esencial en la conducta del médico, es antagónico a cualquier atisbo de defensa hostil frente al paciente o a su entorno.

Por esto debe aceptarse, universalmente y sin reservas, que nada más lejos de cualquier intención agresiva puede desprenderse de las conductas profesionales de algunos -o muchos- médicos que, en la actualidad, podrían caber en la consideración de la llamada medicina defensiva.

No obstante, aun asumiendo sin resquicio de duda alguna profesional o filosófica, que las decisiones médicas que podrían ser consideradas fruto de una actitud defensiva pueden ser tan legítimas como otras menos exhaustivas, es evidente que el debate social sobre este tema está abierto y candente. Y ello tanto en los foros profesionales como en las administraciones sanitarias y en los pacientes individuales de a pie, cada vez más instruidos sobre las cuestiones que atañen a su salud como conocedores de sus derechos de ciudadanos de los modernos estados del bienestar.

Las medidas decididas de buena fe por un médico, que pueden producir efectos indeseados a su paciente, tienen también, lo queramos o no, diversas repercusiones económicas, administrativas, profesionales y jurídicas que pueden recaer inesperada y negativamente en el propio médico. Hace más de un siglo que las reglas han cambiado y el médico, inicialmente sorprendido, ha acabado adaptándose a un entorno para el que no había sido preparado. Algunos médicos han sufrido dramáticos correctivos que profesionalmente no han estado justificados, y su incomprensión ha modificado la actuación asistencial de muchos.

Las conductas profesionales más estrictas con las guías clínicas y protocolos, y la necesidad de documentar actuaciones, pronósticos, riesgos terapéuticos e incerteza de resultados han abocado a una nueva calificación asistencial no deseada: la medicina defensiva.

Es decir, además de indicar las actuaciones consideradas adecuadas a la realidad clínica del presente, el médico toma en consideración la eventualidad de tener que acreditar documentalmente su corrección, profesional y jurídica, si ello le es demandado en un futuro escenario hostil. El médico quiere hacer profilaxis de un riesgo que no puede evitar, y esta prevención, traducida imprecisamente por algunos sectores interesados como medicina preventiva, puede acabar repercutiendo negativamente en la eficiencia del sistema sanitario de un país.

Éste es el efecto boomerang que el autor explica en su artículo.

La legítima exigencia del correcto ejercicio de la profesión a todos los médicos no debe confundirse con la atribución de responsabilidades al profesional, por deficiencias del sistema sanitario en el que está inmerso, de las instrucciones marcadas por la entidad en la que presta sus servicios, por las circunstancias ajenas a su control y voluntad que modifican los ambientes de trabajo, a la presión de tiempo o cantidad de trabajo o preparación inadecuada a las demandas asistenciales incontroladas.

El médico también puede sentirse agredido por demandas ajenas a su correcta actuación, sólo por la falta de los resultados esperados por un paciente, confundido en sus derechos y en sus expectativas, al que intereses poco claros le animan a reclamar unos resultados que, demasiadas veces, los agentes sociales sitúan irresponsablemente a niveles de utopía.

Estas disonancias entre el ejercicio habitual de los profesionales correctos y responsables y sus imprevisibles consecuencias en otros foros administrativos o jurídicos han sido detectados por las compañías aseguradoras de la responsabilidad civil profesional, igual que lo habían sido anteriormente por los propios médicos. En consecuencia algunas pólizas han ascendido a precios imposibles y algunas prácticas médicas han sido abandonadas por determinadas especialidades. Estos comentarios se amplían en el artículo del Dr. Arimany, quien por su experiencia de 20 años de médico forense y como Director del Instituto de Médicina Legal de Catalunya durante más de 4 años, y su actual dedicación en un colegio profesional líder en la gestión de las reclamaciones a los médicos, es una opinión cualificada para advertir a nuestra sociedad de los riesgos de una judicialización excesiva de la insatisfacción de los ciudadanos por la asistencia sanitaria que reciben.

Serán útiles al lector las reflexiones que expone sobre las dificultades sobrevenidas en algunos sectores asistenciales de los EEUU y las diferentes opciones en debate en aquel país para mejorar las circunstancias que aseguren a la sociedad una asistencia sanitaria adecuada y tranquila.

La llamada medicina defensiva no debería tener nunca esta consideración cuando la actuación profesional es la adecuada y eficaz al paciente, al tiempo que satisfactoria para el médico.